Jordi Sevilla, economista y exministro socialista, propone una renta básica universal ligada al IRPF

El conjunto de expertos defiende que la idea de unos ingresos garantizados a todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo daría respuesta a distintos problemas, como son "el fracaso de los subsidios condicionados", el hecho de que el trabajo asalariado ya no sea una garantía para salir de la pobreza y que la recuperación no ha servido para reducir la desigualdad ni las altas cifras de paro, y que se plantea un serio desafío en torno a la robotización de la economía y la sustitución de muchos puestos de trabajo.

Las cifras son contundentes. Según destaca el estudio, España es el país de la Unión Europea donde mas ha aumentado la desigualdad desde la crisis. Uno de cada cuatro hogares con menores se encuentra en riesgo de exclusión y más de uno de cada diez trabajadores (13%) son pobres, la mayor proporción solo por detrás de Rumanía y Grecia. La pobreza también ha cambiado de cara, ya no afecta especialmente a mayor, sino que "se ceba" con los menores de 30 años, mujeres y sobre todo, niños.

Así lo defiende una decena de expertos que, dirigidos por el Jordi Sevilla, presentó el informe Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica, publicado por el Observatorio Social de "laCaixa".

El modelo de bienestar actual no funciona o no todo lo bien que debería. Implantado hace más de 60 años, los expertos creen que el sistema de protección social ya no sirve, puesto que ofrece soluciones viejas a problemas nuevos. De ahí que sea necesario una profunda reforma para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, y que en ese rediseño, se incorpore una renta básica universal para que todos los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades mínimas

Por ejemplo: las desgravaciones por hijo que figuran en las rentas del IRPF frente a las ayudas por hijo a cargo para las familias con menos ingresos. Entre las primeras se contemplan deducciones fiscales de 1.200 euros anuales por cada hijo menos de 3 años o la deducción por familia numerosa de 1.200 euros, mientras que la ayuda por hijo para las familias más pobres es de 291 euros.

Jordi Sevilla, exministro socialista y actual presidente de Red Eléctrica de España defiende una "renta fiscal universal" para garantizar un mínimo vital de ingresos para todo el mundo a través de la declaración de la renta. Todo el mundo tendría que hacer la declaración de la renta también aquellas personas que tengan ingresos bajos, al contrario de lo que sucede en la actualidad, que están exentas (quienes ingresen rentas del trabajo de más de 22.000 euros de un pagador o más de 12.643 euros de varios pagadores).El sistema impositivo está generando un tratamiento desigual desde el Estado: las personas con más ingresos tienen acceso a unos beneficios fiscales, "que no dejan de ser transferencias de renta que el Estado otorga a través del IRPF", que no obtienen aquellos con más necesidades, las personas con menos renta que no hacen la declaración. La propuesta presentada por Sevilla, titulada "crédito fiscal universal", pretende crear un "mínimo vital que se convierta en una renta garantizada" que asegure un mínimo de ingresos a todas las personas "para satisfacer las necesidades básicas de todo individuo y, con ello, su plena libertad", recoge el informe.

El estudio recuerda que la Comisión Europea sitúa a España, junto con Italia, como el país donde las transferencias sociales benefician menos a las rentas más bajas, siendo uno de los sistemas fiscales que menos redistribución generan.

¿Cómo funcionaría? Todos los ciudadanos deberían presentar su declaración de la renta y, si están por debajo del mínimo vital que se estableciera a nivel nacional, el Estado les devolvería la diferencia. Si están por encima de ese mínimo, deberán pagar lo que corresponda de IRPF. Sevilla defiende que la medida tendría un impacto "universal" puesto que los contribuyentes se beneficiarían de la exención tributaria de ese mínimo, como ya ocurre en la actualidad, y los que no llegaran a ese nivel de renta la obtendrían por una transferencia del Estado.

En paralelo, recoge la propuesta, deberían incrementarse "gradualmente" las prestaciones y transferencias sociales hasta llegar a ese mínimo vital fijado desde el Estado. Sevilla ha defendido que no tendría sentido que las pensiones no contributivas o las rentas mínimas de inserción estuvieran por debajo de lo que el Estado ha establecido que es el mínimo necesario para vivir. Sobre la financiación de la renta fiscal universal, la propuesta se sustenta en una lógica redistributiva en la que "unos ciudadanos pagan y otros reciben" según su situación económica, pero no define cómo se articularía. "Lo que sí sabemos es que los numerosos beneficios fiscales suponen un elevado coste presupuestario y ahí hay un amplio margen", recoge el estudio.