Por Francisco Rey Alamillo
Introducción: el debate que arde esta semana
El 9 de mayo de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta oficial de X un mensaje que resume con brutal claridad el estado del debate histórico en América Latina. Respondiendo a la polémica generada por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, Petro escribió: "Hernán Cortés fue un genocida equiparable a Netanyahu y superior. Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos."
Tres presidentes, tres posiciones, un mismo personaje histórico convertido en campo de batalla político.
Días antes, el 5 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había declarado desde Puebla, en la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo: "A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota." Horas después, Sheinbaum publicó en sus redes un edicto firmado en 1548 por el rey Carlos I, en el que la Corona ordenaba liberar a indígenas esclavizados por Cortés, presentándolo como prueba de las "atrocidades" del conquistador. Que ese mismo edicto demuestra que la Corona española perseguía y castigaba los abusos de sus propios conquistadores es un matiz que la presidenta prefirió no mencionar.
Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, había marcado el tono en 2019 escribiendo una carta al rey Felipe VI exigiendo una disculpa pública por la conquista de América — una carta que las instituciones históricas españolas y mexicanas rechazaron con unanimidad poco habitual.
Frente a este uso político de la historia, la Real Academia de la Historia de España —junto a la Academia Mexicana de la Historia— ha mantenido una posición consistente: el dualismo maniqueo entre héroe y villano no corresponde a la reflexión histórica seria. Cortés, lograda la conquista, estimuló el mestizaje entre españoles e indios, y su figura exige ser estudiada con la complejidad que merece cualquier personaje de su envergadura histórica. El historiador mexicano Enrique Krauze, en el ciclo de conferencias organizado por la Real Academia, fue directo: muchos han querido ver a Cortés únicamente como un villano, pero eso tiene que ver con una simplificación que se suele hacer desde la política, no desde la historia.
Este artículo no pretende hacer política con Hernán Cortés. Pretende algo más difícil e incómodo: examinar los hechos, compararlos con la realidad que vino después, y preguntar por qué quienes hoy vocean más fuerte contra el conquistador del siglo XVI son exactamente los mismos que peor tratan a los indígenas del siglo XXI.
Hay nombres que funcionan como campos de batalla. Hernán Cortés es uno de ellos. Durante siglos, la leyenda negra y la leyenda rosa se han disputado su cadáver histórico, convirtiendo al extremeño de Medellín en símbolo de todos los males del mundo hispánico o en héroe incomprendido, según quién manejara la pluma. Ambas lecturas mienten por omisión. La verdad es más incómoda y más compleja: Cortés fue el agente de una conquista que, paradójicamente, generó un sistema de protección jurídica para los pueblos indígenas que ningún otro proyecto colonial de la historia moderna fue capaz de replicar. Y esa verdad se vuelve explosiva cuando se la compara con lo que vino después: la independencia criolla que traicionó a los indígenas, y el genocidio silenciado de California que todavía busca su Nuremberg.
I. La alianza que la historia olvida: los pueblos que vencieron al Imperio Mexica
Para entender a Cortés, hay que empezar por donde la narrativa dominante no quiere empezar: por los cien mil guerreros tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos y cholultecas que combatieron a su lado. El asedio de Tenochtitlán, entre 1520 y 1521, no fue una hazaña de quinientos europeos contra un imperio de millones. Fue, ante todo, una guerra civil indígena en la que pueblos sometidos por la Triple Alianza Mexica aprovecharon la llegada de un factor externo para sacudirse siglos de tributos, guerras floridas y el terror sistemático del sacrificio ritual masivo.
Los mexicas no eran víctimas pasivas de la historia: eran un imperio expansionista que mantenía a sus vecinos como reserva permanente de corazones para sus dioses. En la consagración del Templo Mayor en 1487, el tlatoani Ahuízotl ordenó sacrificar entre diez mil y ochenta mil prisioneros en cuatro días, según distintas fuentes. Las cifras se discuten, pero no el hecho. Los tlaxcaltecas, que vivían asediados y que jamás habían sido sometidos precisamente para servir como cantera de víctimas en la "guerra florida", no vieron en Cortés a un liberador providencial. Lo vieron como una palanca. Eligieron con lucidez.
Esta alianza es el dato que la narrativa indigenista oficial de México —construida por criollos ilustrados del siglo XIX y elevada a dogma por el muralismo del XX— ha ocultado sistemáticamente, porque rompe el relato binario de "españoles opresores / indígenas oprimidos". La realidad era más antigua y más brutal: la opresión existía antes de Cortés, y los primeros en celebrar la caída de Tenochtitlán fueron los pueblos que habían sangrado para mantenerla en pie.
II. El Virreinato y las Leyes de Indias: el experimento jurídico que nadie reconoce
Lo que vino después de la conquista no fue, jurídicamente, una "colonia" en el sentido moderno del término. Las Indias eran, en la teoría y en el derecho, reinos incorporados a la Corona de Castilla. Esa distinción no es cosmética: tenía consecuencias reales.
En 1542, Carlos I promulgó las Nuevas Leyes de Indias, impulsadas decisivamente por fray Bartolomé de las Casas después de décadas de denuncia profética. Esas leyes abolían la esclavitud de los indígenas, prohibían las encomiendas hereditarias y establecían que los naturales de América eran súbditos libres de la Corona con derecho a acudir a los tribunales en su defensa. Se creó la figura del Protector de Indios, una institución sin equivalente en ningún otro sistema colonial. Los archivos virreinales conservan miles de expedientes de indígenas que ganaron pleitos contra encomenderos españoles ante la justicia virreinal. Miles. No decenas.
¿Se cumplieron siempre esas leyes? No. El abismo entre el derecho y la realidad colonial fue real y documentado. Las minas de Potosí, el sistema de la mita, las epidemias que diezmaron entre el 60 y el 90 por ciento de la población indígena en el siglo XVI —en su mayoría por enfermedades para las que no había inmunidad, no por la espada— representan una catástrofe demográfica que ninguna ley pudo detener. Pero la existencia de ese marco jurídico creó algo que ningún otro sistema colonial generó: la posibilidad de la resistencia legal, el reconocimiento de la personalidad jurídica del indígena, y —fundamentalmente— la supervivencia de los pueblos.
El dato demográfico es inapelable. Hoy viven en América Latina entre 50 y 60 millones de personas que se identifican como indígenas, que hablan más de 800 lenguas vivas y que mantienen culturas, territorios y cosmovisiones propias. Eso no es el resultado de un genocidio exitoso. Es el resultado imperfecto, contradictorio y a menudo doloroso de un sistema que, a pesar de sus violencias, no se propuso la eliminación racial como objetivo.
III. El mestizaje como proyecto: lo que ningún otro imperio se atrevió a hacer
Hay un hecho que la historia comparada raramente coloca donde merece estar: Hernán Cortés y la Corona española no solo toleraron el mestizaje. Lo promovieron activamente. Y eso, en el siglo XVI, era una revolución antropológica sin precedentes en la historia del colonialismo.
Cortés dio el ejemplo con su propia vida. Su hijo Martín Cortés, habido con Malintzin —La Malinche—, fue reconocido, legitimado y educado en España. Cortés lo presentó en la corte imperial. No lo ocultó, no lo negó, no lo condenó a la invisibilidad jurídica que el modelo anglosajón reservaría siglos después a los hijos mestizos. Martín Cortés es considerado por muchos historiadores uno de los primeros mestizos reconocidos de América. Su padre lo hizo ciudadano del mundo hispánico.
Esto no fue un capricho personal. Respondía a una política deliberada de la Corona. Isabel la Católica, en su testamento de 1504 —antes incluso de que la conquista del continente comenzara—, ordenó explícitamente que los indígenas fueran tratados como súbditos libres, que no se les hiciera daño ni agravio, y que se favoreciera su integración con los castellanos. Las palabras de la reina son inequívocas: los naturales de las Indias no debían ser sometidos a servidumbre sino "bien e justamente tratados". Es el primer documento de Estado en la historia occidental que formula algo parecido a una política de derechos para los pueblos conquistados.
Las Leyes de Burgos de 1512 y, sobre todo, las Nuevas Leyes de 1542 tradujeron ese espíritu en normas concretas de una especificidad asombrosa para su época. No se trataba de principios abstractos: eran regulaciones operativas que cualquier encomendero podía —y debía— conocer. Entre ellas figuraban protecciones que cinco siglos después siguen sonando avanzadas:
Los niños menores de catorce años quedaban excluidos del trabajo en las minas y de las faenas agrícolas pesadas. Las mujeres indígenas embarazadas no podían ser destinadas a trabajos físicos duros desde el momento en que el embarazo fuera visible. Las madres indígenas que hubieran dado a luz quedaban exentas de trabajos forzados durante tres años, para poder criar a sus hijos. Se prohibía separar a los indígenas de sus familias para repartirlos como mano de obra. Se reconocía el derecho de los caciques e indígenas principales a conservar sus bienes y su autoridad dentro de sus comunidades.
Compárese esto con lo que ocurría en el mismo siglo en las colonias inglesas, o con lo que ocurriría después en el Congo belga o en las plantaciones de las Antillas francesas y británicas: no existía ninguna categoría jurídica equivalente a la protección de la mujer indígena embarazada, ni al límite de edad laboral para los niños, ni al reconocimiento de la autoridad comunitaria propia. En el modelo anglosajón, el hijo de una mujer esclava era esclavo. En el modelo español, el hijo de una indígena libre era súbdito libre de la Corona.
El mestizaje, además, no era solo tolerado sino incentivado como proyecto de integración. Las "castas" coloniales —ese sistema de clasificación racial que suele citarse como prueba de racismo sistémico— existieron precisamente porque el mestizaje era masivo e imparable. No había "un gota de sangre" que condenara a nadie a la categoría inferior de forma irrevocable: las categorías eran fluidas, negociables, y el ascenso social era posible para un mestizo con recursos o méritos. En la América anglosajona, la one-drop rule —la regla de la gota única— convertía cualquier ascendencia africana o indígena en marca permanente de inferioridad, sin escape posible.
El resultado de estas dos lógicas es visible hoy sin necesidad de libros de historia: en México, Colombia, Perú o Bolivia, la mayoría de la población es mestiza o indígena, y se reconoce como tal con identidad propia. En Estados Unidos, los descendientes de los pueblos originarios representan menos del 2% de la población total. No sobrevivieron porque el modelo anglosajón no los necesitaba vivos: los necesitaba fuera.
Cortés no fue un santo. Pero fue el agente de un proyecto imperial que, a diferencia de sus competidores históricos, apostó por la mezcla, el reconocimiento jurídico y la integración —imperfecta, jerarquizada, a menudo violenta—, en lugar del exterminio silencioso que sus contemporáneos del norte perfeccionarían como política de Estado.
IV. La independencia criolla: la gran traición que nadie juzga
Y entonces llegó 1810. Y después 1821. Y los indígenas de México perdieron más de lo que habían ganado con las Leyes de Indias.
La independencia de México fue hecha por criollos, para criollos. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Agustín de Iturbide: hombres blancos nacidos en América que querían liberarse de los impuestos y restricciones comerciales de la metrópoli, no construir una sociedad de iguales. El "Grito de Independencia" de Dolores en 1810 arrastró a las masas indígenas con promesas de justicia, abolición de tributos y redistribución de tierras. Cuando el polvo de la guerra se asentó once años después, las élites criollas habían heredado el poder virreinal sin sus controles jurídicos, y los indígenas habían vuelto a quedar fuera.
La Corona española, con todas sus contradicciones, había mantenido el sistema de pueblos de indios con tierras comunales protegidas por ley, el Protector de Indios, y una burocracia virreinal que —aunque corrupta— al menos tenía obligación formal de rendir cuentas ante Madrid. La República independiente no heredó nada de eso. Lo que heredó fue la encomienda sin frenos, el latifundio sin límites y el racismo criollo sin disfraces teológicos.
No es casualidad que el gran ciclo de despojo de tierras comunales indígenas en México ocurriera precisamente en el siglo XIX, bajo la República liberal. Las Leyes de Reforma de Benito Juárez —él mismo zapoteco, en una de las ironías más amargas de la historia— desmantelaron las propiedades comunales de la Iglesia pero también las de los pueblos indígenas, en nombre de la modernidad y la propiedad individual. Fue la desamortización que nadie recuerda como genocidio económico, pero que lo fue.
El porfiriato remató la faena: entre 1876 y 1910, los hacendados absorbieron hasta el 97 por ciento de las tierras comunales indígenas en algunas regiones. Los hombres que habían derrotado a los aztecas con sus propias manos en 1521 eran, cuatro siglos después, peones sin tierra en las fincas de sus "libertadores".
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V. California, 1846-1873: el genocidio que busca su nombre
Cruzar la frontera hacia el norte es entrar en otro universo moral, aunque la frontera sea invisible y el crimen haya ocurrido en el mismo continente y en el mismo siglo.
Cuando México perdió California en la Guerra Mexicano-Estadounidense (1846-1848) y el oro del río American desató la fiebre de 1849, los pueblos indígenas de California —entre ellos los maidu, los yokuts, los pomo, los miwok y docenas de otras naciones— vivían ya bajo siglos de misiones españolas y rancho californio. Su situación era de servidumbre, pero sobrevivían. Tenían nombres, lenguas, territorios.
Lo que vino con la colonización angloamericana no tuvo precedente en el derecho español ni en el derecho virreinal ni en las Leyes de Indias. Lo que vino fue el exterminio planificado y financiado con fondos públicos.
Peter Burnett, primer gobernador del estado de California, declaró ante la Legislatura en enero de 1851: "una guerra de exterminio continuará entre las razas hasta que la raza india se extinga". No era retórica. Era política de Estado. El gobierno de California pagó recompensas por cabelleras de indígenas. Organizó milicias privadas cuyos gastos reembolsó con fondos estatales y federales. Entre 1846 y 1873, la población indígena de California cayó de aproximadamente 150.000 personas a menos de 30.000. Algunos historiadores como Benjamin Madley, en su obra An American Genocide (2016), documentan con precisión quirúrgica masacres individuales, registros de pagos a milicianos, y actas legislativas que aprobaban los fondos. No hay ambigüedad. No hay epidemia que lo explique. Hubo órdenes, hubo rifles, hubo dinero público, y hubo silencio.
Ese silencio duró más de un siglo. No fue hasta 2019 que el gobernador Gavin Newsom pidió formalmente perdón —perdón, no reparación, no justicia— por lo que él mismo describió como "genocidio". Sin ley, sin tribunal, sin indemnización. Una disculpa sin consecuencias, que llegó 170 años tarde y que la mayoría de los estadounidenses todavía no conoce.
El hombre detrás de la universidad más prestigiosa del mundo
Entre los arquitectos de ese exterminio figura un nombre que hoy adorna una de las instituciones académicas más poderosas del planeta. Leland Stanford (1824-1893), magnate ferroviario y político republicano, gobernó California entre 1861 y 1863, en pleno apogeo del genocidio. Durante su mandato no solo diseñó y ejecutó políticas de persecución sistemática de los pueblos indígenas, sino que reclutó activamente a la población civil para participar en ellas, aumentando las compensaciones económicas que recibían quienes colaboraban en la caza y captura de nativos. No era una metáfora: se cazaba a seres humanos como si fueran piezas de caza mayor, con recompensa estatal por cada uno capturado o muerto.
Se calcula que en las campañas de exterminio impulsadas durante ese periodo perdieron la vida entre 9.500 y 16.000 indígenas. En apenas veinte años, la población nativa de California cayó de 150.000 a 30.000 personas, como indicamos anteriormente, víctimas de la esclavitud, el secuestro, la violación sistemática y la separación forzada de núcleos familiares enteros. No fueron epidemias ni accidentes históricos: fueron políticas de Estado diseñadas, financiadas y ejecutadas por las autoridades de California.
Ese hombre tiene hoy una universidad que lleva su nombre, clasificada entre las cinco mejores del mundo, con un presupuesto anual de más de 9.000 millones de dólares y una lista de exalumnos que incluye a los fundadores de Google, Yahoo, Hewlett-Packard y Netflix. La Universidad de Stanford forma a las élites globales del siglo XXI sobre el suelo simbólico de uno de los genocidas más documentados de la historia de Norteamérica. Y nadie, salvo algunos activistas ignorados, lo discute.
El escándalo invertido: Serra derribado, Stanford intocable
La hipocresía moral de California alcanza su expresión más grotesca en el contraste entre dos figuras históricas y el trato radicalmente distinto que les dispensa la memoria pública angloamericana.
Fray Junípero Serra (1713-1784), franciscano mallorquín, fundó nueve misiones en California dedicadas a garantizar el bienestar y la educación de los indígenas. Defendió su dignidad frente a los abusos de los colonos militares, intercedió ante las autoridades virreinales en su favor y construyó instituciones que, con todas sus limitaciones históricas, tenían como finalidad declarada integrar y proteger a los nativos. En 2015, el Papa Francisco lo canonizó. Resulta además que Serra es el único personaje histórico de California honrado con una estatua en el Capitolio de Washington, reconocimiento explícito de su papel fundacional en la historia del estado. En 2020, activistas derribaron su estatua en el Golden Gate Park de San Francisco. La Universidad de Stanford, bajo presión de grupos nativos, retiró el nombre de Junípero Serra de una de sus calles.
La misma Universidad de Stanford que conserva intacto el nombre de Leland Stanford, el gobernador que pagó recompensas estatales por cabezas de indígenas.
El misionero español que protegió a los indígenas: estatua derribada, nombre borrado. El político anglosajón que los exterminó: nombre en bronce sobre la institución más rica y prestigiosa de California. El genocida forma a las élites globales del siglo XXI. Y nadie, en los campus más "progresistas" del mundo, exige retirar su nombre.
No es una anécdota ni una ironía histórica. Es un test de qué memorias se protegen y cuáles se cancelan en función del origen cultural de quien las protagoniza. Tiene un nombre preciso: hispanofobia. La hispanofobia como criterio selectivo de la memoria histórica angloamericana, aplicada con la misma coherencia con que se derriban estatuas de franciscanos y se preservan las de gobernadores-genocidas. Dicho sin eufemismos, porque los eufemismos son el lenguaje con que el poder gestiona su propia impunidad.
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VI. El espejo roto: tres modelos, una sola pregunta
Puestos los tres modelos uno frente al otro, la imagen que emerge es perturbadora para quienes han construido su identidad moral sobre la superioridad del mundo anglosajón.
El Virreinato de Nueva España, con Cortés como punto de partida, generó un sistema imperfecto, contradictorio, a menudo incumplido, pero con una arquitectura jurídica que reconocía la humanidad del indígena, le daba acceso a los tribunales y protegía —con todos los fallos del caso— su existencia como pueblo. El resultado, medido hoy, son 60 millones de indígenas vivos en América Latina.
La República independiente de México traicionó ese legado no porque lo superara, sino porque lo abandonó en nombre de la modernidad liberal. Los criollos que nunca se preocuparon por los indígenas mientras luchaban contra España tampoco se preocuparon por ellos cuando gobernaron a solas. La independencia fue una transferencia de poder entre élites blancas. Los indígenas cambiaron de amo.
El modelo de California —representativo del proyecto angloamericano en todo el Oeste— no generó ambigüedad jurídica ni promesas incumplidas. Generó exterminio. Sistemático, financiado, documentado. El resultado, medido hoy, son comunidades nativas que representan menos del 1,5 por ciento de la población de California, atomizadas, invisibilizadas, y cuya historia no se enseña en las escuelas.
Hoy el mundo tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Y hoy, en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en México, los defensores indígenas del territorio siguen siendo asesinados con impunidad. Las declaraciones sin mecanismos coercitivos son papel mojado —lo mismo que muchas veces fueron las Leyes de Indias—. Pero la diferencia sigue siendo la misma: en el modelo español sobrevivieron pueblos enteros. En el anglosajón, no.
VII. Claudia Sheinbaum y el indigenismo de escaparate
Hay una forma de desprecio al indígena más refinada que la violencia abierta: utilizarlo como decorado identitario mientras se destruye su territorio, se simula consultarle y se recorta el presupuesto que sostiene a sus hijos en la escuela. Eso es lo que documenta, con datos verificables, el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La presidenta tomó posesión el 1 de octubre de 2024 proclamando que gobernaría "desde la esencia de los pueblos originarios". Semanas antes había defendido el Tren Maya como símbolo de la Cuarta Transformación, una obra que —según ella— "reivindica a los pueblos indígenas del presente". Los datos cuentan otra historia.
El Tren Maya: ecocidio y etnocidio con sello oficial
El proyecto ferroviario más caro de la historia de México —cuyo presupuesto se disparó de 7.000 a más de 25.000 millones de dólares— atraviesa el corazón del territorio maya sin haber obtenido un consentimiento real de las comunidades afectadas. Activistas mayas denunciaron que las consultas realizadas en 2019 no fueron libres ni plenamente informadas, estuvieron marcadas por irregularidades, falta de traductores en lengua indígena y promesas que posteriormente no se cumplieron. Ángel Sulub, integrante de una comunidad maya de Quintana Roo, lo describe sin rodeos: fue una simulación política, no un mecanismo real de participación.
El daño es irreversible. Según datos de Greenpeace México, el Tren Maya propició la tala de 11.482 hectáreas de selva. Documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirman que más de 7,2 millones de árboles fueron removidos, mientras estudios independientes documentan la destrucción de más de 125 cenotes y cuevas subterráneas. El Anillo de Cenotes, principal reserva de agua dulce de la Península de Yucatán, está comprometido.
A finales de 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó la sentencia en la que considera que el Tren Maya cometió ecocidio y etnocidio. La sentencia responsabiliza directamente al gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum por vulnerar los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos mayas de la península. Sheinbaum respondió defendiendo el proyecto como un éxito.
El desarrollo prometido tampoco llegó. Aunque el gasto federal en el Tren Maya provocó un crecimiento histórico del 13,2% en Quintana Roo durante la construcción, el estado sufrió una contracción del 9,7% en los primeros nueve meses de 2025. Las comunidades mayas más cercanas a la vía siguen sin agua potable estable ni empleo formal. Nicolás Moreno, apicultor maya reubicado por el Estado para crear la Reserva de Calakmul, señala que su familia fue desalojada en 1993 y que sobre sus tierras el gobierno construyó hoteles de lujo con piscinas que en noviembre de 2025 registraban tasas de ocupación de entre el 5 y el 24 por ciento.
Los zapatistas: de interlocutores a amenaza de seguridad
El movimiento zapatista, que en 1994 se levantó en armas exigiendo el cumplimiento de leyes ya firmadas —el Convenio 169 de la OIT, los derechos constitucionales indígenas—, fue clasificado por el aparato del Estado durante la construcción del Tren Maya como un actor que podía "representar un riesgo para el desarrollo de la obra". El FONATUR buscó estrechar su colaboración con instituciones militares precisamente para reaccionar ante la resistencia del EZLN. El indigenismo oficial convirtió a los indígenas más organizados en problema de orden público.
Los zapatistas, desde sus Caracoles de Resistencia, siguen preguntando lo que el gobierno no responde: ¿cuándo regresarán los territorios arrebatados, el agua acaparada, los desaparecidos de Ayotzinapa?
Los niños indígenas: la traición más silenciosa
El presupuesto del Programa de Apoyo a la Educación Indígena sufrió un recorte del 22% entre 2025 y 2026, según el Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación. El resultado es coherente con ese abandono: el 46,4% de la niñez indígena no concluye la educación básica, y apenas el 9,4% de los jóvenes indígenas accede a la educación media superior y universitaria.
Y entonces llega el dato que debería avergonzar a cualquier gobierno que se proclame defensor de los pueblos originarios: el 60,5% de la población indígena comienza su vida laboral a partir de los 12 años. No es una cifra abstracta. Son niños mayas, zapotecos, nahuas, tarahumaras, que abandonan la escuela para trabajar antes de cumplir los 13. Las Leyes de Burgos de 1512 —redactadas hace más de cinco siglos por la Corona española que Sheinbaum ha aprendido a execrar— fijaban en 14 años la edad mínima para que un niño indígena pudiera trabajar en las minas. El Estado español del siglo XVI protegía más a esos niños de lo que los protege hoy el Estado mexicano del siglo XXI.
El contraste es tan brutal que merece ser dicho sin eufemismos y sin compasión hacia el poder: la España imperial de Fernando el Católico protegía jurídicamente a los niños indígenas del trabajo forzado. El México progresista de la Cuarta Transformación recorta el presupuesto de educación indígena un 22% y mira hacia otro lado. Eso no es indigenismo. Es indigenismo de escaparate: mucho mural de Diego Rivera, muchos discursos sobre los pueblos originarios, y los niños originarios trabajando en el campo antes de cumplir los 13 años.
Conclusión: la valentía de mirar sin anteojeras
Se trata de mirar la historia con honestidad, sin el abrigo cómodo de los prejuicios instalados. Hernán Cortés derribó un imperio que practicaba el sacrificio humano en escala industrial, forjó una alianza con los pueblos que ese imperio oprimía, promovió la mezcla de razas cuando otros la prohibían, y fue el agente de arranque de un sistema jurídico que —con todas sus contradicciones— protegió a los indígenas de formas que el mundo anglosajón nunca quiso ni intentar. Eso no lo convierte en un personaje sin sombras, pero sí desmiente la caricatura que de él han construido quienes tienen mucho más que ocultar.
Los tlaxcaltecas que combatieron con Cortés no eran traidores: eran pueblos que eligieron a sus aliados frente a quienes los oprimían. Los criollos que hicieron la independencia no eran libertadores: eran élites que cambiaron de metrópoli para seguir siendo élite. Los colonos de California que exterminaron a los maidu y a los yokuts no eran pioneros del progreso: eran perpetradores de un genocidio que todavía espera su juicio.
Y Hernán Cortés, juzgado con los hechos y no con los prejuicios, resulta ser algo que incomoda profundamente a la corrección política de nuestro tiempo: un hombre del siglo XVI cuyo proyecto imperial generó más protección jurídica real para los pueblos indígenas que la que ofrecen hoy, cinco siglos después, todos los organismos internacionales juntos. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas lleva vigente desde 2007. No obliga a nadie. No tiene tribunal. No tiene mecanismo de sanción. Es papel con membrete.
Mientras tanto, en México —el país que derrumbó las estatuas de Cortés y erigió el indigenismo como religión de Estado— los pueblos originarios siguen siendo asesinados con impunidad sistemática. Los defensores indígenas del territorio, los líderes comunitarios que se oponen al extractivismo o al crimen organizado, desaparecen o aparecen muertos sin que la justicia del Estado mexicano se moleste en investigar con seriedad. Miles de casos. Decenas de comunidades. Una violencia que no hace portadas internacionales porque no tiene la estética adecuada para la indignación selectiva de Occidente.
Los números son inapelables. Según el informe "Todos sus nombres, todas sus luchas" del Comité Cerezo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2024 fueron asesinados en México 225 defensores de derechos humanos. El 62 por ciento eran indígenas. El estado más peligroso del país para un defensor indígena es Oaxaca, con 58 asesinatos documentados, seguido de Guerrero con 39 y Chiapas con 17. Solo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 25 asesinatos de defensores del territorio, la segunda cifra más alta de la última década. Global Witness sitúa a México en el cuarto lugar del mundo en asesinatos a defensores ambientales. El principal agresor, según el informe de CEMDA para 2024, no es el crimen organizado: es el propio Estado mexicano, responsable del 65,9 por ciento de las agresiones documentadas.
Y aquí aparece el dato que más incomoda al México oficial: el movimiento zapatista, que se alzó en armas el 1 de enero de 1994, no exigía una revolución. Exigía que se cumplieran las leyes que ya existían. México había ratificado el Convenio 169 de la OIT en 1990 —que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía territorial y consulta previa— y ese convenio, por mandato del artículo 133 de la propia Constitución mexicana, era ley suprema de la nación. No se cumplía. Los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 entre el gobierno federal y el EZLN, recogían ese mismo espíritu: no inventaban derechos nuevos, reconocían derechos que el Estado ya había firmado y sistemáticamente ignoraba. El gobierno de Ernesto Zedillo los firmó y no los implementó. El de Vicente Fox los convirtió en una "contrarreforma" constitucional en 2001 que los propios zapatistas calificaron de traición. Treinta años después, las comunidades zapatistas siguen gobernándose con sus propias Juntas de Buen Gobierno —los Caracoles— precisamente porque aprendieron que esperar justicia del Estado mexicano es una forma de morir esperando.
La paradoja histórica es brutal: los indígenas del Virreinato acudían a los tribunales de la Corona para exigir que se cumplieran las Leyes de Indias contra los encomenderos que las violaban, y a veces ganaban. Los indígenas del México republicano del siglo XXI acuden a organismos internacionales para exigir que se cumpla el Convenio 169 que su propio Estado ratificó, y los matan. Las Leyes de Indias tenían Visitadores que investigaban, jueces ante los que el indígena podía comparecer, y una Corona que —cuando le convenía— castigaba a los incumplidores. La Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 tiene comunicados de prensa y relatores especiales que presentan informes que nadie lee. El progreso moral de la humanidad, en este punto concreto, es una ilusión muy bien decorada.
Mientras no la respondamos con hechos, y no con disculpas gubernamentales sin consecuencias, toda declaración de derechos humanos seguirá siendo lo que ha sido desde el principio: una promesa que el poder hace y los pueblos esperan.
Francisco Rey Alamillo , profesor de la Universidad de la Experiencia en Burgos, miembro coordinador de AIMCE (Asociación Iqbal Masih Contra la Esclavitud) y militante de Encuentro y Solidaridad
ANEXO:
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