Por Francisco Rey Alamillo
Introducción: el debate que arde esta semana
El 9 de mayo de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta oficial de X un mensaje que resume con brutal claridad el estado del debate histórico en América Latina. Respondiendo a la polémica generada por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, Petro escribió: "Hernán Cortés fue un genocida equiparable a Netanyahu y superior. Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos."
Tres presidentes, tres posiciones, un mismo personaje histórico convertido en campo de batalla político.
Días antes, el 5 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había declarado desde Puebla, en la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo: "A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota." Horas después, Sheinbaum publicó en sus redes un edicto firmado en 1548 por el rey Carlos I, en el que la Corona ordenaba liberar a indígenas esclavizados por Cortés, presentándolo como prueba de las "atrocidades" del conquistador.
El problema es que el edicto de Valladolid prueba exactamente lo contrario de lo que Sheinbaum pretende. No prueba que España fuera bárbara. Prueba que cuando Cortés cometió abusos, la Corona española lo investigó, lo procesó judicialmente, ordenó la restitución de las víctimas y publicó la sentencia en las plazas públicas. Eso se llama Estado de derecho. Eso se llama rendición de cuentas.
El edicto de 1548 no prueba impunidad, prueba lo contrario. El documento procede del juicio de residencia, un procedimiento utilizado por la Corona para investigar la actuación de funcionarios y gobernadores una vez finalizaban sus mandatos. Sheinbaum presenta como acusación lo que en realidad es una sentencia de rendición de cuentas. El sistema funcionó, al menos en parte. Las acusaciones eran numerosas: abusos de poder, apropiación de tributos, maltrato a los indígenas e incluso la misteriosa muerte de su esposa. Lo primero que hizo el juez Luis Ponce de León al llegar fue suspender a Cortés en sus funciones y despojarlo de la vara de gobernador. Nunca recuperó el poder político. Murió en 1547 frustrado y marginado.
La pregunta que la presidenta no responde —y que este artículo sí formula— es la siguiente: ¿existe algún edicto equivalente del gobierno mexicano del siglo XXI ordenando liberar a los indígenas esclavizados por el crimen organizado en Oaxaca, Guerrero o Chiapas? ¿Existe alguna provisión presidencial que ordene identificar a los defensores indígenas asesinados y publicarla en plazas y mercados? La Corona española de 1548 hizo con Cortés lo que el Estado mexicano de 2026 no hace con los perpetradores que operan ante sus ojos. Sheinbaum, sin advertirlo, nos acaba de entregar la prueba más contundente contra su propio argumento.
Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, había marcado el tono en 2019 escribiendo una carta al rey Felipe VI exigiendo una disculpa pública por la conquista de América — una carta que las instituciones históricas españolas y mexicanas rechazaron con unanimidad poco habitual.
Frente a este uso político de la historia, la Real Academia de la Historia de España —junto a la Academia Mexicana de la Historia— ha mantenido una posición consistente: el dualismo maniqueo entre héroe y villano no corresponde a la reflexión histórica seria. Cortés, lograda la conquista, estimuló el mestizaje entre españoles e indios, y su figura exige ser estudiada con la complejidad que merece cualquier personaje de su envergadura histórica. El historiador mexicano Enrique Krauze, en el ciclo de conferencias organizado por la Real Academia, fue directo: muchos han querido ver a Cortés únicamente como un villano, pero eso tiene que ver con una simplificación que se suele hacer desde la política, no desde la historia.
Este artículo no pretende hacer política con Hernán Cortés. Pretende algo más difícil e incómodo: examinar los hechos, compararlos con la realidad que vino después, y preguntar por qué quienes hoy vocean más fuerte contra el conquistador del siglo XVI son exactamente los mismos que peor tratan a los indígenas del siglo XXI.
Hay nombres que funcionan como campos de batalla. Hernán Cortés es uno de ellos. Durante siglos, la leyenda negra y la leyenda rosa se han disputado su cadáver histórico, convirtiendo al extremeño de Medellín en símbolo de todos los males del mundo hispánico o en héroe incomprendido, según quién manejara la pluma. Ambas lecturas mienten por omisión. La verdad es más incómoda y más compleja: Cortés fue el agente de una conquista que, paradójicamente, generó un sistema de protección jurídica para los pueblos indígenas que ningún otro proyecto colonial de la historia moderna fue capaz de replicar. Y esa verdad se vuelve explosiva cuando se la compara con lo que vino después: la independencia criolla que traicionó a los indígenas, y el genocidio silenciado de California que todavía busca su Nuremberg.
I. La alianza que la historia olvida: los pueblos que vencieron al Imperio Mexica
Para entender a Cortés, hay que empezar por donde la narrativa dominante no quiere empezar: por los cien mil guerreros tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos y cholultecas que combatieron a su lado. El asedio de Tenochtitlán, entre 1520 y 1521, no fue una hazaña de quinientos europeos contra un imperio de millones. Fue, ante todo, una guerra civil indígena en la que pueblos sometidos por la Triple Alianza Mexica aprovecharon la llegada de un factor externo para sacudirse siglos de tributos, guerras floridas y el terror sistemático del sacrificio ritual masivo.
Los mexicas no eran víctimas pasivas de la historia: eran un imperio expansionista que mantenía a sus vecinos como reserva permanente de corazones para sus dioses. En la consagración del Templo Mayor en 1487, el tlatoani Ahuízotl ordenó sacrificar entre diez mil y ochenta mil prisioneros en cuatro días, según distintas fuentes. Las cifras se discuten, pero no el hecho. Los tlaxcaltecas, que vivían asediados y que jamás habían sido sometidos precisamente para servir como cantera de víctimas en la "guerra florida", no vieron en Cortés a un liberador providencial. Lo vieron como una palanca. Eligieron con lucidez.
Esta alianza es el dato que la narrativa indigenista oficial de México —construida por criollos ilustrados del siglo XIX y elevada a dogma por el muralismo del XX— ha ocultado sistemáticamente, porque rompe el relato binario de "españoles opresores / indígenas oprimidos". La realidad era más antigua y más brutal: la opresión existía antes de Cortés, y los primeros en celebrar la caída de Tenochtitlán fueron los pueblos que habían sangrado para mantenerla en pie.
II. El Virreinato y las Leyes de Indias: el experimento jurídico que nadie reconoce
Lo que vino después de la conquista no fue, jurídicamente, una "colonia" en el sentido moderno del término. Las Indias eran, en la teoría y en el derecho, reinos incorporados a la Corona de Castilla. Esa distinción no es cosmética: tenía consecuencias reales.
En 1542, Carlos I promulgó las Nuevas Leyes de Indias, impulsadas decisivamente por fray Bartolomé de las Casas después de décadas de denuncia profética. Esas leyes abolían la esclavitud de los indígenas, prohibían las encomiendas hereditarias y establecían que los naturales de América eran súbditos libres de la Corona con derecho a acudir a los tribunales en su defensa. Se creó la figura del Protector de Indios, una institución sin equivalente en ningún otro sistema colonial. Los archivos virreinales conservan miles de expedientes de indígenas que ganaron pleitos contra encomenderos españoles ante la justicia virreinal. Miles. No decenas.
¿Se cumplieron siempre esas leyes? No. El abismo entre el derecho y la realidad colonial fue real y documentado. Las minas de Potosí, el sistema de la mita, las epidemias que diezmaron entre el 60 y el 90 por ciento de la población indígena en el siglo XVI —en su mayoría por enfermedades para las que no había inmunidad, no por la espada— representan una catástrofe demográfica que ninguna ley pudo detener. Pero la existencia de ese marco jurídico creó algo que ningún otro sistema colonial generó: la posibilidad de la resistencia legal, el reconocimiento de la personalidad jurídica del indígena, y —fundamentalmente— la supervivencia de los pueblos.
El dato demográfico es inapelable. Hoy viven en América Latina entre 50 y 60 millones de personas que se identifican como indígenas, que hablan más de 800 lenguas vivas y que mantienen culturas, territorios y cosmovisiones propias. Eso no es el resultado de un genocidio exitoso. Es el resultado imperfecto, contradictorio y a menudo doloroso de un sistema que, a pesar de sus violencias, no se propuso la eliminación racial como objetivo.
III. El mestizaje como proyecto: lo que ningún otro imperio se atrevió a hacer
Hay un hecho que la historia comparada raramente coloca donde merece estar: Hernán Cortés y la Corona española no solo toleraron el mestizaje. Lo promovieron activamente. Y eso, en el siglo XVI, era una revolución antropológica sin precedentes en la historia del colonialismo.
Cortés dio el ejemplo con su propia vida. Su hijo Martín Cortés, habido con Malintzin —La Malinche—, fue reconocido, legitimado y educado en España. Cortés lo presentó en la corte imperial. No lo ocultó, no lo negó, no lo condenó a la invisibilidad jurídica que el modelo anglosajón reservaría siglos después a los hijos mestizos. Martín Cortés es considerado por muchos historiadores uno de los primeros mestizos reconocidos de América. Su padre lo hizo ciudadano del mundo hispánico.
Esto no fue un capricho personal. Respondía a una política deliberada de la Corona. Isabel la Católica, en su testamento de 1504 —antes incluso de que la conquista del continente comenzara—, ordenó explícitamente que los indígenas fueran tratados como súbditos libres, que no se les hiciera daño ni agravio, y que se favoreciera su integración con los castellanos. Las palabras de la reina son inequívocas: los naturales de las Indias no debían ser sometidos a servidumbre sino "bien e justamente tratados". Es el primer documento de Estado en la historia occidental que formula algo parecido a una política de derechos para los pueblos conquistados.
Las Leyes de Burgos de 1512 y, sobre todo, las Nuevas Leyes de 1542 tradujeron ese espíritu en normas concretas de una especificidad asombrosa para su época. No se trataba de principios abstractos: eran regulaciones operativas que cualquier encomendero podía —y debía— conocer. Entre ellas figuraban protecciones que cinco siglos después siguen sonando avanzadas:
Los niños menores de catorce años quedaban excluidos del trabajo en las minas y de las faenas agrícolas pesadas. Esta norma, promulgada en 1512, adelantaba en casi tres siglos lo que las potencias europeas más “avanzadas” tardarían en legislar. El cuadro comparativo es implacable: Inglaterra no prohibió trabajar a menores de nueve años hasta 1809 —la Ley Fabril, trescientos años después—. Alemania no lo hizo hasta 1836. Francia hasta 1841, y solo para fábricas, manufacturas y talleres. Estados Unidos, en 1836, todavía permitía el trabajo de menores con la única excepción de tres meses al año para asistir a la escuela. La nación que hoy predica derechos humanos al mundo autorizaba en 1836 que los niños trabajaran once meses al año. El Reino de Castilla lo había prohibido para los menores de catorce en 1512. Trescientos veinticuatro años de diferencia.
Y la jornada de ocho horas, esa conquista que el movimiento obrero europeo arrancó con sangre y huelgas en el siglo XIX como si fuera una revolución, también estaba ya prevista en las Leyes de Burgos de 1512 para los indígenas de América. El jurista Julio Henche, experto en las Leyes de Indias, confirma que las ocho horas como jornada laboral ya estaban previstas en las Leyes de Burgos, que considera un precedente de los derechos humanos.
Felipe II lo codificó definitivamente en su Ordenanza de Instrucción de 1593, Título VI, Ley VI: “Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación.”
Estas mismas condiciones laborales se aplicaron a los indígenas americanos, que contaban con una legislación propia y se organizaban en “repúblicas de indios” donde elegían ellos a sus alcaldes. Los que trabajaban en las minas tenían una jornada aún más reducida: siete horas. Siete horas en las minas en el siglo XVI. El movimiento obrero británico no conseguiría la jornada de diez horas en las fábricas hasta 1847. La de ocho horas no sería norma en el Reino Unido hasta 1919. España la había establecido en sus virreinatos americanos en 1593 — trescientos veintiséis años antes.
El geógrafo, naturalista, astrónomo Alexander Von Humboldt (Prusia,1769-1858) afirmaba que: "Por virtud de un prejuicio muy generalizado en Europa hay la creencia de que se han conservado muy pocos indígenas de tinte cobrizo... En la Nueva España, el número de indígenas se eleva a dos millones, contando sólo los que no tienen mezcla de sangre europea... Y lo que es más consolador aún, habrá que repetirlo, lejos de extinguirse, la población india ha aumentado considerablemente durante los últimos cincuenta años, como lo prueban los registros de la capitación y los tributos"... "Los monarcas de España, tomando el título de Reyes de las Indias, han considerado estas provincias lejanas más bien como partes integrantes de su monarquía, y como provincias dependientes de la Corona de Castilla, y no como colonias en el sentido que, desde el siglo XVI, ha significado esta voz para el resto de pueblos de Europa"... "Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar las de Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de la Nueva España". "¡Esto debe saberse en Europa!
Los mineros de la Nueva España son los mejores pagados del mundo, ellos reciben de seis a siete veces más salario por su labor, que un minero alemán."
Las repúblicas de indios merecen una mención especial porque son otro de los datos que la narrativa angloamericana dominante prefiere ignorar: eran entidades de autogobierno indígena reconocidas por la Corona, con sus propios alcaldes elegidos internamente, sus propios cabildos, sus propias tierras comunales legalmente protegidas y su propia capacidad de litigar ante los tribunales virreinales. No eran reservas. Eran municipios con autogobierno real dentro del orden virreinal. El modelo anglosajón de “reserva india” — territorio marginal, sin autogobierno real, sin acceso a los tribunales ordinarios, sin protección legal efectiva— es exactamente lo contrario. Las mujeres indígenas embarazadas no podían ser destinadas a trabajos físicos duros desde el momento en que el embarazo fuera visible. Las madres indígenas que hubieran dado a luz quedaban exentas de trabajos forzados durante tres años, para poder criar a sus hijos. Se prohibía separar a los indígenas de sus familias para repartirlos como mano de obra. Se reconocía el derecho de los caciques e indígenas principales a conservar sus bienes y su autoridad dentro de sus comunidades.
Compárese esto con lo que ocurría en el mismo siglo en las colonias inglesas, o con lo que ocurriría después en el Congo belga o en las plantaciones de las Antillas francesas y británicas: no existía ninguna categoría jurídica equivalente a la protección de la mujer indígena embarazada, ni al límite de edad laboral para los niños, ni al reconocimiento de la autoridad comunitaria propia. En el modelo anglosajón, el hijo de una mujer esclava era esclavo. En el modelo español, el hijo de una indígena libre era súbdito libre de la Corona.
El mestizaje, además, no era solo tolerado sino incentivado como proyecto de integración. Las "castas" coloniales —ese sistema de clasificación racial que suele citarse como prueba de racismo sistémico— existieron precisamente porque el mestizaje era masivo e imparable. No había "un gota de sangre" que condenara a nadie a la categoría inferior de forma irrevocable: las categorías eran fluidas, negociables, y el ascenso social era posible para un mestizo con recursos o méritos. En la América anglosajona, la one-drop rule —la regla de la gota única— convertía cualquier ascendencia africana o indígena en marca permanente de inferioridad, sin escape posible.
El resultado de estas dos lógicas es visible hoy sin necesidad de libros de historia: en México, Colombia, Perú o Bolivia, la mayoría de la población es mestiza o indígena, y se reconoce como tal con identidad propia. En Estados Unidos, los descendientes de los pueblos originarios representan menos del 2% de la población total. No sobrevivieron porque el modelo anglosajón no los necesitaba vivos: los necesitaba fuera.
Cortés no fue un santo. Pero fue el agente de un proyecto imperial que, a diferencia de sus competidores históricos, apostó por la mezcla, el reconocimiento jurídico y la integración —imperfecta, jerarquizada, a menudo violenta—, en lugar del exterminio silencioso que sus contemporáneos del norte perfeccionarían como política de Estado.
IV. Lo que ningún otro imperio construyó: hospitales, universidades y gramáticas indígenas
Hay una pregunta que la leyenda negra sobre España nunca se ha atrevido a responder con honestidad: ¿qué otro poder colonial de la historia fundó universidades para los pueblos conquistados, construyó hospitales para atender a los indígenas, y destinó a sus mejores intelectuales a aprender y preservar las lenguas nativas antes de que desaparecieran?
La respuesta es ninguno. Ningún otro.
Las universidades: medio siglo antes que Harvard
En 1551, la Corona española fundó simultáneamente la Universidad de San Marcos en Lima y la Real Universidad de México. Ambas estaban abiertas, por estatuto fundacional, a estudiantes indígenas y mestizos. Harvard, la institución que el mundo anglosajón presenta como cuna de la educación universal, no se fundaría hasta 1636 — ochenta y cinco años después y la segunda la de Pensilvania, fundada en 1765. Cuando los ingleses fundaron Harvard, los españoles ya habían fundado 13 universidades en Hispanoamérica . Y Harvard no admitió plenamente a estudiantes negros hasta bien entrado el siglo XIX. Las universidades españolas de América llevaban tres siglos funcionando.
La primera universidad del continente americano fue la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, fundada en 1538, trece años después de la conquista de México.
Erasmus Darwin (Inglaterra, 1731-1802), médico y filósofo; abuelo de Charles Darwin escribirá: «En mis viajes por el inabarcable imperio español he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios, como a semejantes, incluso formando familias mestizas y creando para ellas hospitales y universidades, he conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que con tanto esfuerzo, les vamos arrebatando»
«Parece que las nieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento, mientras que la claridad de la soleada España le hace ver y oir mejor a Dios. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio ya que a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo, no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada que finalmente que finalmente terminará por imponerse como por mandato divino. España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra el corsario turco."
El hospital que Cortés fundó y que aún existe
En 1524, apenas tres años después de la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés fundó en la Ciudad de México el Hospital de Jesús Nazareno, destinado expresamente a la atención de indígenas y mestizos que bien podría ser considerado el mejor de su época y que cualquier otro existente en España. LO fundó en el mismo lugar donde se reunió por primera vez con Moctezuma. Este centro, destinado a atender a heridos de ambos bandos, sigue en funcionamiento hasta hoy gracias a las rentas que él mismo dejó en su testamento. Es el establecimiento médico en funcionamiento continuo más antiguo de todo el continente americano. Cortés, el hombre al que Claudia Sheinbaum llama perpetrador de “atrocidades”, fundó un hospital para los vencidos que sobrevivió a cinco siglos, dos imperios, una república y varias revoluciones. Que alguien señale el hospital que fundó Leland Stanford para los indígenas de California.
Las gramáticas: salvar las lenguas antes de que murieran
El gesto quizás más extraordinario —y más ignorado— del proyecto hispánico en América fue la decisión de los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos de aprender las lenguas indígenas, codificarlas por escrito y preservarlas para la posteridad. No para someterlas: para salvarlas. los misisioneros españoles escribirán 600 gramáticas.
Conviene situar el dato en su contexto para que su alcance sea visible. En 1492, Antonio de Nebrija publicó la Gramática de la Lengua Castellana, la primera gramática de una lengua vernácula europea. España inauguraba así la filología moderna. Cincuenta y cinco años después, antes de que Francia publicara su primera gramática del francés —en 1550— y antes de que Inglaterra publicara su primera gramática del inglés —en 1586—, los misioneros españoles en México ya habían codificado por escrito dos lenguas indígenas americanas. Fray Andrés de Olmos terminó en 1547 las gramáticas del totonaco y del náhuatl. España estaba gramatizando las lenguas de los pueblos conquistados antes de que las potencias rivales hubieran terminado de gramatizar las suyas propias. La primera gramática del nahuatl y del Quechua son más antiguas que las primeras gramáticas del inglés o francés y tuvieron uno de los primeros diccionarios del mundo junto con la lengua castellana?
El dato tiene una consecuencia que va más allá de la anécdota filológica: codificar una lengua por escrito es la forma más eficaz de garantizar su supervivencia. Fray Alonso de Molina publicó en 1555 el primer diccionario náhuatl-español, herramienta que permitió a los propios indígenas acceder a los tribunales en su propia lengua. Fray Bernardino de Sahagún —al que podría llamarse sin exageración el primer antropólogo de América— escribió su monumental Historia general de las cosas de Nueva España íntegramente en náhuatl, preservando la cosmología, los rituales, la medicina, la poesía y la historia del pueblo mexica con una precisión que no tenía precedente en ninguna otra empresa colonial del mundo. Sin Sahagún, buena parte de la cultura azteca habría desaparecido para siempre. Y buena prueba de ello es que el primer intento de dotar de escritura a uno de los principales idiomas indígenas norteamericanos, el cheroqui, no se produjo... ¡hasta 1809! Y tuvo que ser un indio cheroqui, un platero de nombre Sequoyah, el que se encargara de definir un silabario. Muchos de los restantes idiomas indígenas norteamericanos no conocerían nada parecido a una definición escrita hasta bien entrado el siglo XX.
Se escribieron gramáticas del mixteco, del otomí, del maya, del quechua, del guaraní, del tarasco. Decenas de lenguas codificadas por escrito por primera vez gracias a misioneros españoles que las consideraban dignas de ser preservadas. En el mundo anglosajón, ninguna lengua indígena de América del Norte fue objeto de una gramática sistemática por parte de las autoridades coloniales. La política era la extinción, no la preservación.
En asombroso conocer la vida de Alonso de Molina que nació en Cáceres. Llegó a México junto con sus padres con hueve años, tan solo un año después de que Hernán Cortés conquistara el imperio azteca. Allí, en Ciudad de México, Alonso aprendió a hablar el idioma local, el náhuatl, jugando con los niños aztecas en la calle. Con quince años ingresa en el Convento de San Francisco y enseguida empezó a enseñar el náhuatl a los misioneros y a ayudarles como intérprete. Fue, con 24 años, el primer español ordenado sacerdote en el territorio mexicano recién incorporado a la Corona. Dedicó toda su vida al estudio del náhuatl y a la predicación en dicha lengua. Y compuso una gramática y un diccionario del idioma de los aztecas que aun hoy siguen siendo base de las obras modernas sobre el tema.
El español no se impuso: lo impusieron los criollos
Y aquí está el dato que más incomoda al relato oficial latinoamericano: la Corona española nunca impuso el castellano como lengua obligatoria de los pueblos indígenas. Nunca. El rey Carlos V, en una Real Cédula de 1550, ordenó expresamente que los indígenas fueran evangelizados y educados en sus propias lenguas, no en castellano. La política oficial del Virreinato durante dos siglos fue la de los lenguas —intérpretes bilingües— y la de las gramáticas misioneras, precisamente porque la Corona entendía que destruir la lengua de un pueblo era destruir al pueblo. Los Borbones del siglo XVIII intentaron castellanizar más activamente, pero incluso entonces el español nunca fue impuesto con la brutalidad con que lo fue en los siglos posteriores.
¿Quién impuso el español como lengua única y obligatoria, aplastando las lenguas indígenas con la fuerza del Estado? Los criollos. Las repúblicas independientes del siglo XIX, construidas sobre el modelo del Estado-nación europeo, decidieron que la modernidad exigía una sola lengua, una sola cultura, una sola identidad. En México, la escolarización forzada en castellano y la persecución activa de las lenguas indígenas fue política de Estado durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. Bolivia no reconoció oficialmente sus enguas indígenas hasta 2009. Paraguay fue la excepción que confirma la regla: el guaraní sobrevivió precisamente porque los jesuitas lo habían codificado y preservado con tanto rigor que resultó imposible borrarlo.
En el mundo anglosajón, la ecuación fue más directa: las lenguas indígenas no se preservaron ni se codificaron. Se extinguieron. De las más de 300 lenguas nativas que se hablaban en lo que hoy es Estados Unidos en 1492, menos de 150 sobreviven hoy, la mayoría con menos de cien hablantes nativos y en proceso irreversible de extinción. En Canadá y Australia, las políticas de internados donde se arrancaba a los niños indígenas de sus familias para impedir que aprendieran su lengua materna fueron política de Estado hasta los años 1970. No el siglo XVI: los años setenta del siglo XX.
La conclusión es incómoda pero históricamente incontestable: el proyecto hispánico en América preservó lenguas, fundó universidades y construyó hospitales. emn fechas de la independencia , en 1810, alrededor del 65% de la población de México hablaba una lengua indígena y actualmente sólo el 6,5% lo hace.
El proyecto anglosajón extinguió lenguas, prohibió escuelas en lengua nativa y construyó reservas. Que la memoria pública global haya invertido esa jerarquía moral no es un error histórico. Es una operación política.
V. La independencia criolla: la gran traición que nadie juzga
Y entonces llegó 1810. Y después 1821. Y los indígenas de México perdieron más de lo que habían ganado con las Leyes de Indias.
La independencia de México fue hecha por criollos, para criollos. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Agustín de Iturbide: hombres blancos nacidos en América que querían liberarse de los impuestos y restricciones comerciales de la metrópoli, no construir una sociedad de iguales. El "Grito de Independencia" de Dolores en 1810 arrastró a las masas indígenas con promesas de justicia, abolición de tributos y redistribución de tierras. Cuando el polvo de la guerra se asentó once años después, las élites criollas habían heredado el poder virreinal sin sus controles jurídicos, y los indígenas habían vuelto a quedar fuera.
La Corona española, con todas sus contradicciones, había mantenido el sistema de pueblos de indios con tierras comunales protegidas por ley, el Protector de Indios, y una burocracia virreinal que —aunque corrupta— al menos tenía obligación formal de rendir cuentas ante Madrid. La República independiente no heredó nada de eso. Lo que heredó fue la encomienda sin frenos, el latifundio sin límites y el racismo criollo sin disfraces teológicos.
No es casualidad que el gran ciclo de despojo de tierras comunales indígenas en México ocurriera precisamente en el siglo XIX, bajo la República liberal. Las Leyes de Reforma de Benito Juárez —él mismo zapoteco, en una de las ironías más amargas de la historia— desmantelaron las propiedades comunales de la Iglesia pero también las de los pueblos indígenas, en nombre de la modernidad y la propiedad individual. Fue la desamortización que nadie recuerda como genocidio económico, pero que lo fue.
El porfiriato remató la faena: entre 1876 y 1910, los hacendados absorbieron hasta el 97 por ciento de las tierras comunales indígenas en algunas regiones. Los hombres que habían derrotado a los aztecas con sus propias manos en 1521 eran, cuatro siglos después, peones sin tierra en las fincas de sus "libertadores".
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VI. California, 1846-1873: el genocidio que busca su nombre
Cruzar la frontera hacia el norte es entrar en otro universo moral, aunque la frontera sea invisible y el crimen haya ocurrido en el mismo continente y en el mismo siglo.
Cuando México perdió California en la Guerra Mexicano-Estadounidense (1846-1848) y el oro del río American desató la fiebre de 1849, los pueblos indígenas de California —entre ellos los maidu, los yokuts, los pomo, los miwok y docenas de otras naciones— vivían ya bajo siglos de misiones españolas y rancho californio. Su situación era de servidumbre, pero sobrevivían. Tenían nombres, lenguas, territorios.
Lo que vino con la colonización angloamericana no tuvo precedente en el derecho español ni en el derecho virreinal ni en las Leyes de Indias. Lo que vino fue el exterminio planificado y financiado con fondos públicos.
Peter Burnett, primer gobernador del estado de California, declaró ante la Legislatura en enero de 1851: "una guerra de exterminio continuará entre las razas hasta que la raza india se extinga". No era retórica. Era política de Estado. El gobierno de California pagó recompensas por cabelleras de indígenas. Organizó milicias privadas cuyos gastos reembolsó con fondos estatales y federales. Entre 1846 y 1873, la población indígena de California cayó de aproximadamente 150.000 personas a menos de 30.000. Algunos historiadores como Benjamin Madley, en su obra An American Genocide (2016), documentan con precisión quirúrgica masacres individuales, registros de pagos a milicianos, y actas legislativas que aprobaban los fondos. No hay ambigüedad. No hay epidemia que lo explique. Hubo órdenes, hubo rifles, hubo dinero público, y hubo silencio.
Ese silencio duró más de un siglo. No fue hasta 2019 que el gobernador Gavin Newsom pidió formalmente perdón —perdón, no reparación, no justicia— por lo que él mismo describió como "genocidio". Sin ley, sin tribunal, sin indemnización. Una disculpa sin consecuencias, que llegó 170 años tarde y que la mayoría de los estadounidenses todavía no conoce.
Así ocurrió no solo en América y con los ingleses, sino en todas las demás zonas del mundo a los que llegaron los europeos de tradición protestante: el apartheid sudafricano, por citar el ejemplo mas clamoroso, es una creación típica y teológicamente coherente del calvinismo holandés. La enciclopedia Larousse dice "que la práctica de arrancar el cuero cabelludo se difundió en el territorio de los que hoy es Estados Unidos a partir del siglo XVII, cuando los colonos blancos comenzaron a repartir fuertes recompensas a quien presentara el cuero cabelludo de un indio fuera hombre, mujer o niño". El dicho "El mejor indio es el indio muerto" nace entonces.
El hombre detrás de la universidad más prestigiosa del mundo
Entre los arquitectos de ese exterminio figura un nombre que hoy adorna una de las instituciones académicas más poderosas del planeta. Leland Stanford (1824-1893), magnate ferroviario y político republicano, gobernó California entre 1861 y 1863, en pleno apogeo del genocidio. Durante su mandato no solo diseñó y ejecutó políticas de persecución sistemática de los pueblos indígenas, sino que reclutó activamente a la población civil para participar en ellas, aumentando las compensaciones económicas que recibían quienes colaboraban en la caza y captura de nativos. No era una metáfora: se cazaba a seres humanos como si fueran piezas de caza mayor, con recompensa estatal por cada uno capturado o muerto.
Se calcula que en las campañas de exterminio impulsadas durante ese periodo perdieron la vida entre 9.500 y 16.000 indígenas. En apenas veinte años, la población nativa de California cayó de 150.000 a 30.000 personas, como indicamos anteriormente, víctimas de la esclavitud, el secuestro, la violación sistemática y la separación forzada de núcleos familiares enteros. No fueron epidemias ni accidentes históricos: fueron políticas de Estado diseñadas, financiadas y ejecutadas por las autoridades de California.
Ese hombre tiene hoy una universidad que lleva su nombre, clasificada entre las cinco mejores del mundo, con un presupuesto anual de más de 9.000 millones de dólares y una lista de exalumnos que incluye a los fundadores de Google, Yahoo, Hewlett-Packard y Netflix. La Universidad de Stanford forma a las élites globales del siglo XXI sobre el suelo simbólico de uno de los genocidas más documentados de la historia de Norteamérica. Y nadie, salvo algunos activistas ignorados, lo discute.
El juicio de residencia era un mecanismo de derecho castellano que permitía rendir cuentas a los funcionarios públicos al finalizar sus encargos. Cortés fue juzgado por ese sistema. Leland Stanford, que exterminó a los indígenas de California con fondos públicos, jamás fue sometido a ningún proceso equivalente. Hoy tiene universidad. Cortés no tiene ni estatua en México.
El escándalo invertido: Serra derribado, Stanford intocable
La hipocresía moral de California alcanza su expresión más grotesca en el contraste entre dos figuras históricas y el trato radicalmente distinto que les dispensa la memoria pública angloamericana.
Fray Junípero Serra (1713-1784), franciscano mallorquín, fundó nueve misiones en California dedicadas a garantizar el bienestar y la educación de los indígenas. Defendió su dignidad frente a los abusos de los colonos militares, intercedió ante las autoridades virreinales en su favor y construyó instituciones que, con todas sus limitaciones históricas, tenían como finalidad declarada integrar y proteger a los nativos. En 2015, el Papa Francisco lo canonizó. Resulta además que Serra es el único personaje histórico de California honrado con una estatua en el Capitolio de Washington, reconocimiento explícito de su papel fundacional en la historia del estado. En 2020, activistas derribaron su estatua en el Golden Gate Park de San Francisco. La Universidad de Stanford, bajo presión de grupos nativos, retiró el nombre de Junípero Serra de una de sus calles.
La misma Universidad de Stanford que conserva intacto el nombre de Leland Stanford, el gobernador que pagó recompensas estatales por cabezas de indígenas.
El misionero español que protegió a los indígenas: estatua derribada, nombre borrado. El político anglosajón que los exterminó: nombre en bronce sobre la institución más rica y prestigiosa de California. El genocida forma a las élites globales del siglo XXI. Y nadie, en los campus más "progresistas" del mundo, exige retirar su nombre.
No es una anécdota ni una ironía histórica. Es un test de qué memorias se protegen y cuáles se cancelan en función del origen cultural de quien las protagoniza. Tiene un nombre preciso: hispanofobia. La hispanofobia como criterio selectivo de la memoria histórica angloamericana, aplicada con la misma coherencia con que se derriban estatuas de franciscanos y se preservan las de gobernadores-genocidas. Dicho sin eufemismos, porque los eufemismos son el lenguaje con que el poder gestiona su propia impunidad.
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VII. El espejo roto: tres modelos, una sola pregunta
Puestos los tres modelos uno frente al otro, la imagen que emerge es perturbadora para quienes han construido su identidad moral sobre la superioridad del mundo anglosajón.
El Virreinato de Nueva España, con Cortés como punto de partida, generó un sistema imperfecto, contradictorio, a menudo incumplido, pero con una arquitectura jurídica que reconocía la humanidad del indígena, le daba acceso a los tribunales y protegía —con todos los fallos del caso— su existencia como pueblo. El resultado, medido hoy, son 60 millones de indígenas vivos en América Latina.
La República independiente de México traicionó ese legado no porque lo superara, sino porque lo abandonó en nombre de la modernidad liberal. Los criollos que nunca se preocuparon por los indígenas mientras luchaban contra España tampoco se preocuparon por ellos cuando gobernaron a solas. La independencia fue una transferencia de poder entre élites blancas. Los indígenas cambiaron de amo.
El modelo de California —representativo del proyecto angloamericano en todo el Oeste— no generó ambigüedad jurídica ni promesas incumplidas. Generó exterminio. Sistemático, financiado, documentado. El resultado, medido hoy, son comunidades nativas que representan menos del 1,5 por ciento de la población de California, atomizadas, invisibilizadas, y cuya historia no se enseña en las escuelas.
Hoy el mundo tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Y hoy, en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en México, los defensores indígenas del territorio siguen siendo asesinados con impunidad. Las declaraciones sin mecanismos coercitivos son papel mojado —lo mismo que muchas veces fueron las Leyes de Indias—. Pero la diferencia sigue siendo la misma: en el modelo español sobrevivieron pueblos enteros. En el anglosajón, no.
VII. Claudia Sheinbaum y el indigenismo de escaparate
Hay una forma de desprecio al indígena más refinada que la violencia abierta: utilizarlo como decorado identitario mientras se destruye su territorio, se simula consultarle y se recorta el presupuesto que sostiene a sus hijos en la escuela. Eso es lo que documenta, con datos verificables, el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La presidenta tomó posesión el 1 de octubre de 2024 proclamando que gobernaría "desde la esencia de los pueblos originarios". Semanas antes había defendido el Tren Maya como símbolo de la Cuarta Transformación, una obra que —según ella— "reivindica a los pueblos indígenas del presente". Los datos cuentan otra historia.
El Tren Maya: ecocidio y etnocidio con sello oficial
El proyecto ferroviario más caro de la historia de México —cuyo presupuesto se disparó de 7.000 a más de 25.000 millones de dólares— atraviesa el corazón del territorio maya sin haber obtenido un consentimiento real de las comunidades afectadas. Activistas mayas denunciaron que las consultas realizadas en 2019 no fueron libres ni plenamente informadas, estuvieron marcadas por irregularidades, falta de traductores en lengua indígena y promesas que posteriormente no se cumplieron. Ángel Sulub, integrante de una comunidad maya de Quintana Roo, lo describe sin rodeos: fue una simulación política, no un mecanismo real de participación.
El daño es irreversible. Según datos de Greenpeace México, el Tren Maya propició la tala de 11.482 hectáreas de selva. Documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirman que más de 7,2 millones de árboles fueron removidos, mientras estudios independientes documentan la destrucción de más de 125 cenotes y cuevas subterráneas. El Anillo de Cenotes, principal reserva de agua dulce de la Península de Yucatán, está comprometido.
A finales de 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó la sentencia en la que considera que el Tren Maya cometió ecocidio y etnocidio. La sentencia responsabiliza directamente al gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum por vulnerar los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos mayas de la península. Sheinbaum respondió defendiendo el proyecto como un éxito.
El desarrollo prometido tampoco llegó. Aunque el gasto federal en el Tren Maya provocó un crecimiento histórico del 13,2% en Quintana Roo durante la construcción, el estado sufrió una contracción del 9,7% en los primeros nueve meses de 2025. Las comunidades mayas más cercanas a la vía siguen sin agua potable estable ni empleo formal. Nicolás Moreno, apicultor maya reubicado por el Estado para crear la Reserva de Calakmul, señala que su familia fue desalojada en 1993 y que sobre sus tierras el gobierno construyó hoteles de lujo con piscinas que en noviembre de 2025 registraban tasas de ocupación de entre el 5 y el 24 por ciento.
Los zapatistas: de interlocutores a amenaza de seguridad
El movimiento zapatista, que en 1994 se levantó en armas exigiendo el cumplimiento de leyes ya firmadas —el Convenio 169 de la OIT, los derechos constitucionales indígenas—, fue clasificado por el aparato del Estado durante la construcción del Tren Maya como un actor que podía "representar un riesgo para el desarrollo de la obra". El FONATUR buscó estrechar su colaboración con instituciones militares precisamente para reaccionar ante la resistencia del EZLN. El indigenismo oficial convirtió a los indígenas más organizados en problema de orden público.
Los zapatistas, desde sus Caracoles de Resistencia, siguen preguntando lo que el gobierno no responde: ¿cuándo regresarán los territorios arrebatados, el agua acaparada, los desaparecidos de Ayotzinapa?
Los niños indígenas: la traición más silenciosa
El presupuesto del Programa de Apoyo a la Educación Indígena sufrió un recorte del 22% entre 2025 y 2026, según el Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación. El resultado es coherente con ese abandono: el 46,4% de la niñez indígena no concluye la educación básica, y apenas el 9,4% de los jóvenes indígenas accede a la educación media superior y universitaria.
Y entonces llega el dato que debería avergonzar a cualquier gobierno que se proclame defensor de los pueblos originarios: el 60,5% de la población indígena comienza su vida laboral a partir de los 12 años. No es una cifra abstracta. Son niños mayas, zapotecos, nahuas, tarahumaras, que abandonan la escuela para trabajar antes de cumplir los 13. Las Leyes de Burgos de 1512 —redactadas hace más de cinco siglos por la Corona española que Sheinbaum ha aprendido a execrar— fijaban en 14 años la edad mínima para que un niño indígena pudiera trabajar. En ese mismo año 1512, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos no tenían ninguna norma equivalente. Ninguna. Estados Unidos no la tendría hasta 1836, y aun así permitía que los niños trabajaran once meses al año. El Estado español del siglo XVI era, en materia de protección de la infancia, más avanzado que la república norteamericana del siglo XIX. Y el México de Claudia Sheinbaum, en el siglo XXI, no garantiza siquiera lo que garantizaba la Corona en 1512
El contraste es tan brutal que merece ser dicho sin eufemismos y sin compasión hacia el poder: la España imperial de Fernando el Católico protegía jurídicamente a los niños indígenas del trabajo forzado. El México progresista de la Cuarta Transformación recorta el presupuesto de educación indígena un 22% y mira hacia otro lado. Eso no es indigenismo. Es indigenismo de escaparate: mucho mural de Diego Rivera, muchos discursos sobre los pueblos originarios, y los niños originarios trabajando en el campo antes de cumplir los 13 años.
IX. El robo del siglo: California, Texas y el Destino Manifiesto
Mientras Gustavo Petro compara a Hernán Cortés con Netanyahu y Claudia Sheinbaum agita el edicto de Valladolid, conviene recordar quién le robó a México la mitad de su territorio hace apenas 178 años, con qué argumento lo justificó, y qué había debajo de esa tierra.
El plan estaba trazado desde el principio
El presidente estadounidense James K. Polk (1845-1849) llegó al poder con un mandato explícito: expandir Estados Unidos hasta el océano Pacífico. Antes de provocar la guerra, Polk despachó en noviembre de 1845 a un representante secreto, John Slidell, a México con una oferta de compra: 25 millones de dólares por el Río Grande, Nuevo México y Alta California. México rechazó vender su territorio soberano. Polk entonces fabricó el pretexto para la guerra.
En sus memorias personales, el general Ulysses S. Grant —que combatió en esa guerra y llegaría a presidente— escribió que el objetivo del avance militar hacia el río Grande fue provocar a México sin ser los primeros en atacar, para debilitar cualquier oposición política a la guerra. El propio Abraham Lincoln, entonces joven congresista, introdujo sus célebres “Spot Resolutions” exigiendo al gobierno que demostrara si el primer combate había ocurrido realmente en suelo americano o en territorio mexicano. La mayoría whig del Congreso votó para censurar a Polk por haber iniciado la guerra “innecesaria e inconstitucionalmente”. No importó.
El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, obligó a México a ceder el 55 por ciento de su territorio —más de 2.100.000 kilómetros cuadrados— a cambio de 15 millones de dólares. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma: todo territorio mexicano convertido en botín de guerra por 15 millones de dólares. Un centavo por cada dos kilómetros cuadrados de tierra ajena.
El oro que Polk ya intuía
El 24 de enero de 1848, nueve días antes de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, James Marshall encontró pepitas de oro en el aserradero de John Sutter, en Coloma, California. La noticia tardó semanas en llegar a Washington. En diciembre de 1848, Polk confirmó ante el Congreso el descubrimiento del oro y desencadenó la fiebre que transformaría California en el estado más rico de la Unión. ¿Sabía Polk lo que había bajo esa tierra? Los historiadores debaten los tiempos exactos. Lo que no se debate es el resultado: Estados Unidos se quedó con California por 15 millones de dólares y la convirtió en la quinta economía del mundo. México, que la había construido durante trescientos años de Virreinato, no recibió ni las gracias.
Texas: el algodón, los esclavos y el petróleo
Texas siguió un camino diferente pero igualmente revelador. Estados Unidos, imbuido por el espíritu del Destino Manifiesto, no estaba dispuesto a conformarse solo con Texas. La administración de Polk se dispuso a adquirir Nuevo México y Alta California, y cuando México se negó a vender su territorio, eso colocó al país en un punto de no retorno en la senda de la guerra.
La motivación inmediata en Texas era el algodón y la esclavitud: los colonos anglosajones que México había autorizado a asentarse en su territorio texano se negaron a acatar la ley mexicana que abolió la esclavitud en 1829, organizaron su propia “república” y pidieron la anexión a Estados Unidos. Era, en sus propios términos, una rebelión de esclavistas contra un Estado que quería liberar a sus esclavos.
Lo que nadie calculaba en 1845 era lo que había debajo del suelo texano. El 10 de enero de 1901, el pozo Spindletop, cerca de Beaumont, Texas, produjo el primer gran reventón petrolífero de la historia de Estados Unidos. Bajo las tierras que México había perdido por la fuerza medio siglo antes dormían las reservas que convertirían a Texas en el corazón de la industria petrolera norteamericana y a Estados Unidos en la mayor potencia energética del siglo XX.
El Destino Manifiesto: genocidio con cobertura teológica
El concepto que justificó todo esto merece ser llamado por su nombre. El “Destino Manifiesto” era la doctrina —formulada por el periodista John O’Sullivan en 1845, el mismo año de la anexión de Texas— según la cual Dios había destinado a la raza anglosajona a extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico, absorbiendo o eliminando todo lo que encontrara en su camino. Era el “Lebensraum” —el espacio vital— del siglo XIX americano, formulado en términos providenciales.
Bajo esa doctrina se justificó la guerra contra México, el exterminio de los pueblos indígenas de California, el desplazamiento de los cherokees en la Ruta de las Lágrimas, y la conquista de medio continente. El mismo concepto que hoy sirve de base ideológica para quienes en Estados Unidos cuestionan los derechos de los “ilegales” —término con el que se denomina a los descendientes de los pueblos que habitaban esas tierras antes de que llegara ningún anglosajón.
La pregunta que nadie formula en el debate sobre Cortés
Gustavo Petro llama a Cortés “genocida equiparable a Netanyahu”. Claudia Sheinbaum le llama perpetrador de “atrocidades”. Ninguno de los dos menciona que el país que más vocalmente critica el legado español en América es el mismo que robó la mitad del territorio mexicano en 1848, exterminó a sus pueblos indígenas con fondos públicos, se quedó con el oro de California y el petróleo de Texas, y nunca pidió perdón, nunca pagó reparaciones, y nunca fue juzgado por ningún tribunal internacional.
Cortés llegó a México en 1519. Estados Unidos invadió México en 1846. Entre ambas fechas hay 327 años. La diferencia es que la Corona española procesó a Cortés, le quitó el poder y ordenó reparaciones a las víctimas en 1548. Estados Unidos nombró presidente a uno de los generales de esa guerra —Zachary Taylor— y puso el nombre del gobernador que exterminó a los indígenas de California en la universidad más prestigiosa del mundo.
La lección de historia está clara. La cuestión es quién tiene el valor de extraerla.
Conclusión: la valentía de mirar sin anteojeras
Se trata de mirar la historia con honestidad, sin el abrigo cómodo de los prejuicios instalados. Hernán Cortés derribó un imperio que practicaba el sacrificio humano en escala industrial, forjó una alianza con los pueblos que ese imperio oprimía, promovió la mezcla de razas cuando otros la prohibían, y fue el agente de arranque de un sistema jurídico que —con todas sus contradicciones— protegió a los indígenas de formas que el mundo anglosajón nunca quiso ni intentar. Eso no lo convierte en un personaje sin sombras, pero sí desmiente la caricatura que de él han construido quienes tienen mucho más que ocultar.
Los tlaxcaltecas que combatieron con Cortés no eran traidores: eran pueblos que eligieron a sus aliados frente a quienes los oprimían. Los criollos que hicieron la independencia no eran libertadores: eran élites que cambiaron de metrópoli para seguir siendo élite. Los colonos de California que exterminaron a los maidu y a los yokuts no eran pioneros del progreso: eran perpetradores de un genocidio que todavía espera su juicio.
Y Hernán Cortés, juzgado con los hechos y no con los prejuicios, resulta ser algo que incomoda profundamente a la corrección política de nuestro tiempo: un hombre del siglo XVI cuyo proyecto imperial generó más protección jurídica real para los pueblos indígenas que la que ofrecen hoy, cinco siglos después, todos los organismos internacionales juntos. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas lleva vigente desde 2007. No obliga a nadie. No tiene tribunal. No tiene mecanismo de sanción. Es papel con membrete.
Mientras tanto, en México —el país que derrumbó las estatuas de Cortés y erigió el indigenismo como religión de Estado— los pueblos originarios siguen siendo asesinados con impunidad sistemática. Los defensores indígenas del territorio, los líderes comunitarios que se oponen al extractivismo o al crimen organizado, desaparecen o aparecen muertos sin que la justicia del Estado mexicano se moleste en investigar con seriedad. Miles de casos. Decenas de comunidades. Una violencia que no hace portadas internacionales porque no tiene la estética adecuada para la indignación selectiva de Occidente.
Los números son inapelables. Según el informe "Todos sus nombres, todas sus luchas" del Comité Cerezo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2024 fueron asesinados en México 225 defensores de derechos humanos. El 62 por ciento eran indígenas. El estado más peligroso del país para un defensor indígena es Oaxaca, con 58 asesinatos documentados, seguido de Guerrero con 39 y Chiapas con 17. Solo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 25 asesinatos de defensores del territorio, la segunda cifra más alta de la última década. Global Witness sitúa a México en el cuarto lugar del mundo en asesinatos a defensores ambientales. El principal agresor, según el informe de CEMDA para 2024, no es el crimen organizado: es el propio Estado mexicano, responsable del 65,9 por ciento de las agresiones documentadas.
Y aquí aparece el dato que más incomoda al México oficial: el movimiento zapatista, que se alzó en armas el 1 de enero de 1994, no exigía una revolución. Exigía que se cumplieran las leyes que ya existían. México había ratificado el Convenio 169 de la OIT en 1990 —que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía territorial y consulta previa— y ese convenio, por mandato del artículo 133 de la propia Constitución mexicana, era ley suprema de la nación. No se cumplía. Los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 entre el gobierno federal y el EZLN, recogían ese mismo espíritu: no inventaban derechos nuevos, reconocían derechos que el Estado ya había firmado y sistemáticamente ignoraba. El gobierno de Ernesto Zedillo los firmó y no los implementó. El de Vicente Fox los convirtió en una "contrarreforma" constitucional en 2001 que los propios zapatistas calificaron de traición. Treinta años después, las comunidades zapatistas siguen gobernándose con sus propias Juntas de Buen Gobierno —los Caracoles— precisamente porque aprendieron que esperar justicia del Estado mexicano es una forma de morir esperando.
La paradoja histórica es brutal: los indígenas del Virreinato acudían a los tribunales de la Corona para exigir que se cumplieran las Leyes de Indias contra los encomenderos que las violaban, y a veces ganaban. Los indígenas del México republicano del siglo XXI acuden a organismos internacionales para exigir que se cumpla el Convenio 169 que su propio Estado ratificó, y los matan. Las Leyes de Indias tenían Visitadores que investigaban, jueces ante los que el indígena podía comparecer, y una Corona que —cuando le convenía— castigaba a los incumplidores. La Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 tiene comunicados de prensa y relatores especiales que presentan informes que nadie lee. El progreso moral de la humanidad, en este punto concreto, es una ilusión muy bien decorada.
Mientras no la respondamos con hechos, y no con disculpas gubernamentales sin consecuencias, toda declaración de derechos humanos seguirá siendo lo que ha sido desde el principio: una promesa que el poder hace y los pueblos esperan.
Francisco Rey Alamillo , profesor de la Universidad de la Experiencia en Burgos, miembro coordinador de AIMCE (Asociación Iqbal Masih Contra la Esclavitud) y militante de Encuentro y Solidaridad
ANEXO:
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